Han transcurrido ya dieciséis semanas del actual período del Congreso y dos meses desde que llegó al Capitolio el proyecto de referendo para una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe. Pero, a pesar de tanto tiempo, apenas la semana pasada hubo en la Comisión Primera de la Cámara un primer debate -superficial y lánguido- sobre el tema. Y urge que se discuta a fondo, porque la verdad es que subsisten dudas sobre si, como ha dicho el Procurador, el Congreso puede modificar su texto. O si, como sostienen unos juristas, el texto apoyado por los más de 4 millones de firmas es intocable. O si, como dicen otros, solo permite que Uribe sea candidato en el 2014, pero no en el 2010.

Falta aclarar otros asuntos. Por ejemplo, si esta iniciativa popular, de abrirse camino y ser respaldada por los electores en un eventual referendo, sería suficiente para cambiar el espíritu del fallo de la Corte Constitucional que aprobó la pasada reelección en el 2005 con la premisa de que sería la única. Nada de esto ha sido debidamente debatido, entre otras cosas porque en la Comisión Primera de la Cámara hay un grupo amplio de parlamentarios, tanto de oposición como uribistas, que parecen estar de acuerdo en no avanzar en el examen del proyecto. Cualquier acontecimiento de actualidad, como los falsos positivos o las pirámides (con sus imprevisibles efectos sobre la popularidad presidencial), es abordado de inmediato y sirve al propósito de aplazar el debate pendiente sobre el referendo.

Pero esto no ha significado que la agenda legislativa haya avanzado en debida forma mientras el referendo espera, tal y como el presidente Uribe dijo en algún momento que quería. De hecho, de las iniciativas que el Gobierno planteó como sus claves en esta legislatura, una ya se hundió -la reforma de la Justicia-, otra avanza a tropezones -la reforma política- y el resto se mueve a paso de tortuga. Todo ello en buena medida por la perturbación política que, tal y como aquí lo anticipamos varias veces, ha generado el referendo. Una iniciativa que se encuentra cada vez más contra las cuerdas y que no avanza, pero sí estorba.

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Aun si esta semana la Comisión Primera de la Cámara declara la suficiente ilustración sobre el tema y la aprueba con los 18 votos necesarios (con los que al parecer ya cuenta), no habría ya tiempo para que el referendo fuera ley antes de fin de año. Faltarían el debate de plenaria de Cámara y los de comisión y plenaria del Senado. Los plazos que exige el tipo de norma superior que es una convocatoria de referendo no podrían saltarse ni siquiera con un mensaje de urgencia.

Si todo marcha bien, podría ser aprobado en la Cámara y quedar pendiente para su estudio en el Senado. El Gobierno podría, para ello, convocar a sesiones extras en enero, pero, si las convoca, el Presidente de la República estaría enviando la señal que hasta ahora no ha querido enviar: que considera el referendo como prioridad de su administración, lo que resulta de difícil presentación. De lo contrario, la aprobación en el Senado tendría que esperar a marzo o abril, en sesiones ordinarias. Pero, una vez aprobado por el Congreso, el referendo debe obtener concepto del Procurador y revisión de la Corte Constitucional, instancias que podrían tomarse hasta nueve meses. Luego la Registraduría demoraría al menos 45 días en organizar la convocatoria. Total: ya no habría tiempo de hacer el referendo en el 2009. Sería para el 2010, a pocas semanas de las elecciones.

Todo esto habría podido evitarse si Álvaro Uribe se hubiese pronunciado con claridad sobre sus intenciones desde un principio. Pero los colombianos aún no sabemos si el Primer Mandatario desea un tercer mandato y si lo quiere para el 2010 o para más adelante.

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Hace algunas semanas envió señales en el sentido de que prefería que no fuera una reelección inmediata y que lo mejor sería que se aprobara una reforma constitucional que le permitiera ser candidato en el 2014. Algo que tiene lógica, pues, si no se cambia el texto constitucional, a partir del 2010 Uribe sería el único ex presidente que tendría vedada la posibilidad de ser reelegido en el futuro. Pero ese mensaje se diluyó y la falta de definición contribuyó a que el Congreso, donde el Gobierno tiene amplias mayorías, se sintiera en libertad de darle largas al asunto.

El resultado está a la vista: una legislatura muy pobre y un Presidente que, al no haber definido su postura, puede quedarse sin el pan de la reelección en el 2010, y sin el queso de una para el 2014.

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