El nombramiento del general Óscar González como nuevo comandante del Ejército llega en un momento crítico para las Fuerzas Armadas y la política de seguridad democrática. La salida del mayor contingente de oficiales de alto rango por la investigación de los 'falsos positivos', sumada a la renuncia del general Mario Montoya a la comandancia del Ejército, ha creado una grieta en la legitimidad de los resultados militares y un manto de duda sobre la exitosa estrategia de seguridad de la administración.

Las escabrosas ejecuciones extrajudiciales de jóvenes pobres a lo largo y ancho del país que eran presentados como muertos en combate, así como el aparato de incentivos perversos para producir "bajas enemigas" en varias divisiones del Ejército han golpeado duramente la buena imagen que tienen las Fuerzas Militares.

Los coletazos de los 'falsos positivos' no se reducen a los movimientos internos de la cúpula militar. En el frente doméstico, han creado un franco escozor entre los colombianos, que se resisten a creer que un Ejército al que respetan y admiran y que protagoniza acciones heroicas como la Operación 'Jaque' pueda incurrir en tan abominables excesos. En lo político, el ministro de Defensa ha soportado el embate de la oposición en el Congreso, que pide que a la responsabilidad operativa se sume la cabeza política del aparato militar. Especialmente delicadas son las consecuencias internacionales: E.U. suspendió toda ayuda militar y de entrenamiento a los comandos de la II y la VII División y a un batallón de desminado, que hacían parte de las unidades cuestionadas en la purga reciente, en lo que se ha interpretado como un elocuente mensaje político a los militares en problemas por derechos humanos. Mensaje cuya esencia comparten todos los gobiernos de la Unión Europea.

El hecho de que la atención mundial estuviera concentrada en las elecciones en Estados Unidos atenuó las repercusiones internacionales del escándalo, pero no sus implicaciones futuras de cara al nuevo gobierno demócrata, que en enero comenzará a regir los destinos de ese país, con mayorías en ambas cámaras de un Congreso que decidirá los montos, destinaciones y énfasis de los paquetes de ayuda militar a Colombia. El propio Barack Obama expresó en el último debate presidencial su preocupación por la situación de derechos humanos en el país. Por su parte, el ex presidente Andrés Pastrana dijo ayer a este diario que, después de lo sucedido, él no cree que el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos aprueben el TLC.

Este es el complicado escenario en el que el general González inicia su gestión a la cabeza del Ejército. Sin desconocer las responsabilidades del ministro Santos y del general Freddy Padilla, comandante de las FF. AA. -comprometidos indudablemente con la depuración interna-, muchos ojos y oídos estarán encima de las decisiones y mensajes que enviará el nuevo comandante del Ejército. En especial, porque, dada su trayectoria, muy alineada con la del controvertido general Montoya, González es señalado por sectores dentro y fuera de las filas como un exponente de la política de las bajas a cualquier costo. Más aún, su elección por el presidente Uribe fue interpretada como la clásica zanahoria que siguió al garrotazo de la salida de Montoya. Disipar estas señales confusas será labor primordial del nuevo comandante, quien ha prometido que extirpará de raíz las prácticas que conducen a los 'falsos positivos'.

Medidas como la selección de militares como relatores de derechos humanos en brigadas y batallones solo serán exitosas si cuentan con un respaldo inequívoco del general González que descienda en la cadena de mando. Este cambio de cúpula tiene que ser mucho más que la reacción a un escándalo mediático. Están en juego el respaldo internacional a la política de seguridad, los paquetes extranjeros de ayuda militar y la propia legitimidad interna de las Fuerzas Militares.

editorial@eltiempo.com.co