Los gobiernos nacional y distrital anunciaron recientemente que se cobrará un peaje para ampliar la Autopista Norte de Bogotá. Alguna instancia democrática debe recordar que esta es una vía urbana y exigir que, con la ampliación, se construyan aceras amplias y ciclorrutas en sus costados, lo mismo que abundantes puentes peatonales.
Pero la única reacción que ha habido es una curiosa: la protesta contra el pago del peaje de ciudadanos de Chía y otros municipios, que tienen carro. Poseen carro el 14 por ciento de los hogares de Colombia, el 21 por ciento en Bogotá y el 30 en Chía. Pagar la ampliación y mantenimiento de la Autopista con recursos tributarios implica quitárselos a los hospitales, escuelas, parques, jardines infantiles de los más pobres, para atender una obra prioritariamente para ciudadanos de ingresos mucho más altos. Los que usan la vía deben pagarla. ¿Por qué una señora pensionada que no sale del barrio debe contribuir con sus impuestos a cubrir su costo?
Mientras que los ciudadanos de estrato alto de Bogotá pagan impuestos altos para cubrir las necesidades de los ciudadanos pobres de Ciudad Bolívar o Bosa, los de estratos altos de municipios aledaños no contribuyen a cubrir el costo de atender las necesidades de los pobres de Soacha o Mosquera. Los residentes de estratos altos de municipios como Chía, Sopó o La Calera pagan menos del 30 por ciento del impuesto predial de lo que pagarían en Bogotá por una vivienda del mismo valor. Van a Bogotá y usan las vías, congestionan y contaminan y además quieren que ciudadanos más pobres paguen impuestos para hacerles y mantenerles las vías. Cerca del 20 por ciento de las calles de Bogotá están sin pavimentar, cientos de miles de niños de los barrios populares deben caminar entre el barro para ir a la escuela. ¿Por qué habrían de usarse los recursos tributarios para ampliar y mantener la Autopista en lugar de pavimentar estos barrios?
Aunque es necesario ampliar la Autopista y la carrera 7a. a seis carriles hacia el norte, prolongar la Boyacá y hacer la ALO, todas con peajes, que nadie se haga la ilusión de que esto aliviará el problema de los embotellamientos más que temporalmente. Ninguna ciudad del mundo ha arreglado los trancones con más infraestructura vial. En Estados Unidos, con autopistas enormes, los embotellamientos empeoran cada año. Porque lo que los genera no es solo la cantidad de vehículos, sino las distancias recorridas. Con vías más grandes, los carros van más lejos y ocupan así más espacio vial. De modo que es esencial que en todas estas nuevas vías se construyan desde el comienzo carriles para el transporte público.
Lo único que disminuye los embotellamientos son limitaciones al uso del automóvil, por ejemplo, mediante la reducción del espacio de estacionamiento o con el Pico y Placa. Hoy parecería mejor limitar el uso del carro por medio de cobros por su uso en ciertas zonas, como se hace en Londres, Estocolmo o Singapur. Sin embargo, estas son medidas cuya administración es costosa y llega a absorber más del 40 por ciento de los ingresos generados. Más sencillo es incrementar la sobretasa a la gasolina. El uso del automóvil genera costos sociales y económicos; desgaste vial; congestión; contaminación. Mientras tanto, los que usan el transporte público contribuyen a la descongestión, a mejorar la calidad del aire, a evitar gastos en construcción y mantenimiento vial. Es justo que quienes usamos automóvil paguemos impuestos, tanto para mejorar la infraestructura, como para subsidiar un transporte público mejor y más económico, y para mejorar aceras y ciclorrutas, porque quienes caminan y usan la bicicleta también contribuyen a que la ciudad funcione mejor.
Por ahora, los peajes en la Autopista son necesarios y justos; y para que lo sean aún más, hay que eximir de su pago a los buses.
* Ex alcalde de Bogotá
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