Ecuador busca suspender el pago de un crédito de 286 millones que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes) otorgó a Ecuador financiar la construcción de una hidroeléctrica, lo cual fue encomendado a una compañía también brasileña, Odebrecht.

La generadora hidroeléctrica dejó de funcionar meses después de su inauguración y el gobierno responsabilizó de ello a la constructora.

El presidente Rafael Correa informó que habló por teléfono con su par brasileño Luiz Inacio Lula da Silva a quien le dijo que la llamada a consultas del embajador ''nos duele mucho'' pero ''no claudicaremos en seguir defendiendo los intereses del país, cueste lo que cueste''.

El mandatario dijo que no entiende ''porqué tiene que haber un incidente diplomático de algo que es netamente un problema comercial y financiero''.

Aseguró que ''siempre tendremos los brazos abiertos para el embajador de Brasil,'' su pueblo y ''para el querido presidente Lula da Silva''.

El gobierno de Ecuador presentó el miércoles una demanda de arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en busca medidas cautelares contra la Agencia Especial de Financiamiento Industrial (Finame), como agente mandatario del Bndes, para frenar los cobros por el crédito dado a Hidropastaza, primera concesionaria de la hidroeléctrica, para financiar la construcción de San Francisco. 

Ecuador también requiere la nulidad de una cláusula que fija la capitalización de los intereses en el marco de ese crédito.

El comunicado de la Cancillería recordó que una cláusula del contrato con BNDES estipuló que las ''obligaciones'' o un ''eventual litigio'' se debe dilucidar en la CCI, con sede en París.

Ecuador considera que ''existen controversias en cuanto a la validez y aplicabilidad'' de las obligaciones surgidas a partir del convenio, señaló el comunicado.

Brasil expresó el viernes su molestia por la decisión de Ecuador y llamó a consultas a su representante diplomático.

Odebrecht fue expulsada del Ecuador tras la controversia surgida por la paralización de la planta a menos de un año de su inicio de operaciones. También se cancelaron otros cuatro contratos con la empresa y se dispuso la requisición de todos sus bienes.